Esta privatización de la educación no corresponde a una venta de los activos públicos destinados a la educación, sino a la reducción de recursos que el estado transfiere a las universidades públicas y la participación cada vez más importante del sector privado en la Educación Superior. Esto conllevaría a que los estudiantes universitarios tengan que pagar mayores matrículas para ingresar, despojando a los más pobres del derecho a la educación. De esta forma la universidad pública se comportaría bajo el mismo esquema de negocio de la universidad privada o llegaría incluso a desaparecer.La privatización de la educación en Colombia es el nombre dado por ciertos de sectores a la serie de medidas oficiales que amenazan la financiación estatal de la educación pública y que, por lo tanto, conllevan a su inviabilidad a mediano o largo plazo.
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010,1 aprobado en 2007 es esgrimido como una de las mayores amenazas, al hacer copartícipe a las universidades públicas de la Nación de su pasivo pensional, lo cual representa un gasto mayor, el cual sumado a previas medidas que buscaban el autosostenimiento de las universidades dentro de una política neoliberal, agrava la situación financiera de la universidad pública en Colombia.
Además, es el proyecto de ley de Reforma General de Transferencia del presidente Álvaro Uribe Vélez que, estipulando un recorte (sustancial) del presupuesto a los sectores de la educación (y la salud) de los departamentos colombianos, contribuye al mismo debate.2
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